Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ordenó a los miembros del Ministerio Público cómo deben dirigirse ante una persona de la comunidad de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer -LGTBIQ- ante un proceso judicial, a fin de evitar la discriminación y garantizarles el disfrute pleno de los derechos humanos.
Mediante el artículo 6 de la instrucción que busca que el órgano persecutor priorice las investigaciones que involucren violaciones de derechos humanos a personas de poblaciones vulnerables, se establece el respeto a la identidad u orientación de género.
El documento fechado del 1 de septiembre de 2023, cita que «todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados».
Indicó que esas poblaciones “se encuentran en un estado de discriminación estructural y exclusión social sistemática, siendo objeto de una serie de prejuicios que menoscaban su integridad y dignidad”, y que es deber del Estado garantizar el respeto a la dignidad humana a fin de prevenir la discriminación.
En ese sentido, dispuso que esas víctimas “se atenderán con prioridad identificando el nivel de riesgo, y durante todo el proceso se velará por el respeto a su privacidad”. Dijo que además se debe contemplar la contención de crisis con un enfoque de derechos a partir de la igualdad y la no discriminación.
En la instrucción de Germán Brito plantea que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, son las que, por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Dijo que el MP actuante deberá notificar “sin mayor demora “a la Dirección de Cooperación Internacional y Derechos Humanos de la PGR de los casos que afecten a víctimas vulnerables.
Para reducir los desplazamientos de esas víctimas a la sede de las Fiscalías, garantizar mayor protección y evitar su revictimización, el MP deberá realizar las diligencias al momento de recibir a la persona, a quien se le darán las informaciones necesarias sobre los pasos a seguir, y los recursos legales disponibles.
“En el caso de migrantes que no hablen el idioma español, se procurará contar por cualquier medio con un intérprete judicial que haga comprender el proceso, independientemente del estatus migratorio. Igual para las personas con discapacidad auditiva”, subraya la instrucción interna de la Procuradora.
Respecto de los casos de violencia de género e intrafamiliar, indica que estos deben ser referidos a las unidades especializadas, “pero luego de tomar denuncia y realizar las primeras diligencias de protección”.
