Santo Domingo.- Alegando que la prisión preventiva sería una «condena anticipada», entre otras motivaciones, la magistrada Miolany Herasme Morillo no impuso esa medida gravosa al señor Edward Vidal Garrido, acusado junto a su esposa e hija de la tragedia ocurrida con la explosión de San Cristóbal.
En sus motivaciones, la jueza Herasme Morillo adujo que el cargo que se le formula al imputado (homicidio involuntario) conllevaría una pena de solo tres meses a dos años de reclusión, por lo que enviarlo a prisión desde ahora sería una sentencia «anticipada» y «desproporcional».
Además, según ella, el imputado tiene arraigo sólido, que incluye un domicilio fijo y conocido, es localizable e individualizado, por lo que bastaría con ponerle un grillete electrónico, imponerle una fianza de 300 mil pesos y prohibirle salir del país.
Así mismo, la jueza se aferró al principio de igualdad judicial, al subrayar que el Ministerio Público solo pidió prisión preventiva para Vidal Garrido, mientras que para su esposa Maribel Sandoval y su hija Mercedes Vidal Sandoval solicitó otras medidas de coerción. A la madre y su hija les impusieron el pago de una garantía económica de un millón de pesos a través de una aseguradora.
Con su decisión, la magistrada desestimó en gran parte lo solicitado por el Ministerio Público y acogió los argumentos del abogado de la defensa, Norberto Rondón, quien públicamente ya había alegado que la acusación implicaba ligeras sentencias en el Código Penal.
Aunque mandó para su casa a los tres investigados, complaciendo a una de las partes, le dio al caso la etiqueta de complejo, por aquello de «justicia rogada». Esto significa que el Ministerio Público deberá profundizar y ahondar las investigaciones para formular acusaciones sólidas y contundentes contra los imputados, en un proceso kilométrico que apenas arranca.
Por cierto, este proceso penal podría consumirse y agotarse en los tribunales, de manera que cuando haya una decisión en firme y definitiva, se habrán cumplido los dos años máximos de condena y no habría prisión para los encartados. Ese podría ser el final de toda la tragedia, que le costó la vida a 37 seres humanos y donde resultaron heridas otros 59. La sociedad exige justicia.
