Economía.- El exministro Donald Guerrero fue la mente maestra de la mafia que operó en Hacienda, llegó incluso a falsificar la firma del tesorero nacional y desde esa institución se hizo a sí mismo un regalo de 250 millones de dólares a través de su propio hijo, según el Ministerio Público.
En el expediente del sonado caso «Calamar«, llevado a la justicia por el órgano acusador, es donde aparece detallado el modus operandi de Guerrero y sus homólogos José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros funcionarios de menor nivel involucrados en una megaestafa superior a los 41 mil millones de pesos, en contra del Estado dominicano.
Ya saliendo del poder, el 31 de julio de 2020, se emitió una carta «dirigida» por el tesorero nacional, Alberto Perdomo Piña, al administrador del Banreservas, Simón Lizardo, «a que debite» los US$250,000,000 de la cuenta República Dominicana en dólares No. 0102391041, y el correspondiente cambio de divisas requerido, para proceder con a la ejecución de las operaciones que detalla en una relación anexa».
Esa carta fue una patraña: al ser analizada, «se puede observar que la misma se encuentra firmada ‘de orden’. Al ser cuestionado el licenciado Alberto Perdomo Piña, establece que fue firmada sin su permiso o autorización ya que el ministro Donald Guerrero no lo consultó, por igual, la Tesorería Nacional certificó que la comunicación no tenía el formato de la entidad, ni figuraba como un documento registrado, evidenciándose la falsedad de la misma«. Entonces, ¿quién la firmó?
«En fecha 22 de abril del año 2024, a solicitud del Ministerio Público, fue realizado un examen pericial a la firma que aparece en el referido documento, concluyendo el mismo que la firma (rúbrica) que aparece plasmada sobre el nombre de Alberto E. Perdomo Piña se corresponde con los rasgos caligráficos de documentos que contienen la firma de Donald Guerrero Ortiz, evidenciándose que la misma fue firmada por este, en violación a ley que rige las competencias y los procedimientos administrativos«.
Siempre de acuerdo al expediente, el ministro Guerrero manejó a su antojo el Programa de Contratistas del Estado y giró un pago de 250 millones de dólares a su hijo Daniel Guerrero Mena y su empresa Intercaribe Mercantil, que no tenían ningún contrato con el Estado y, por tanto, se trató de una estafa consistente en un premio que se hizo a sí mismo colocado por bonos del Estado.
Guerrero se las ingenió para enredar a su hijo Daniel y la empresa Intercaribe Mercantil en unos negocios con los empresarios Mustafá Abu Nabaa y José Miguel González Cuadra, para hacer aparecer aquélla empresa como concesionaria de estos hombres de negocios, y así proceder al autopago que él mismo se hizo.
Pero eso no fue todo. El autopago se hizo «sin comunicación con Unidad Ejecutora, sin paso por Contraloría, falseando documentaciones de tesorería, ordenando pago en el Banco de Reservas, a pesar de la decisión de la Junta Monetaria de que no se procediera a realizarse el pago».
En realidad, no le importó nada: como era el zar de la mafia, se las ingeniaba para sortear obstáculos, falsificar firmas, drenar las arcas del Estado, mover dinero a montón, alterar documentos, inventar expdientes e inflar los compromisos de pago, para beneficio suyo y sus cómplices. (Todo ello, según la acusación.)
De hecho, la megaestafa superior a los 41 mil millones de pesos se divide en dos, casi a partes iguales: más de 20 mil millones por expropiaciones y deuda administrativa, y otros más de 20 mil millones drenados a través de líneas de crédito y contratistas por medio del Banco de Reservas.
El Programa de Contratistas le costó al Estado un estafa superior a los 20 mil millones de pesos. En principio, las deudas con contratistas eran de 15 mil millones de pesos, pero Guerrrero y Simón Lizardo inflaron ese monto en más de 5 mil millones de pesos, para dispararlo a dicha cantidad.
