Santo Domingo.- Hoy se cumple el 61 aniversario del golpe de estado al presidente Juan Bosch, uno de los acontecimientos de más triste recordación en la historia del país, consecuencia de la intolerancia política y las luchas por el poder político, militar y económico de la época.
Grupos militares, de la Iglesia católica y la oligarquía se involucraron en el derrocamiento del líder político y troncharon las reformas institucionales, políticas y sociales que inició.
Bosch, el primer presidente elegido democráticamente luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, siete meses después de asumir el poder el 27 de febrero, tras resultar ganador en las elecciones del 20 de diciembre de 1962.
Fue postulado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización que se caracterizó por su lucha, en el país y el extranjero contra el trujillismo que oprimió a los dominicanos desde el 24 de mayo de 1930, hasta el 30 de mayo del 1961.
Ganó las elecciones con cerca del 60% de los votos válidos emitidos. Su oponente, del partido Unión Cívica Nacional (UCN), fue Viriato Alberto Fiallo Rodríguez.
Democrático
El gobierno de Bosch ha sido señalado como el más democrático y progresista del siglo XX, debido a las acciones que emprendió a favor de la institucionalidad del país, el desarrollo de la economía y el bienestar de los dominicanos.
El 6 de abril de 1963 promulgó la nueva Constitución de la República, la más democrática que ha conocidos el país en su historia.
La nueva Carta Magna consignó la prohibición de la reelección presidencial, ampliación de las libertades públicas, la igualdad de los hijos, eliminación del latifundio, la no prisión por razones políticas.
Asimismo, la Constitución de 1963 consignó los derechos laborales y la libertad sindical, de las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores.
Medidas económicas
Una de las principales medidas económicas planteadas por Bosch fue una reforma agraria para beneficiar a 79,000 familias de agricultores.
Mediante la ley No. 31 obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus exportaciones y el pago de anticipo a los impuestos.
