Política.- Para depurar a sus aspirantes y tratar de evitar la infiltración de narcodinero y otras manchas, los principales partidos han anunciado que aplicarán controles internos y medidas estrictas. Así, los partidos Revolucionario Moderno (el oficialista PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo imponen filtros semejantes, todos para eludir lo mismo: la penetración impune y descarada de candidatos comprometidos con el bajo mundo.
La experiencia política reciente fija la necesidad de establecer medidas preventivas. Por ejemplo, en 2016, el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que había candidatos comprometidos con el narcotráfico y el lavado de activos. Sin embargo, no reveló los nombres de esos aspirantes. A esto se une que el PRM tiene, actualmente, diputados acusados de narcotráfico, incluido uno que enfrenta cargos penales en Estados Unidos, donde guarda prisión. Por ello, ese partido tiene los controles más severos y drásticos.
En todo caso, los partidos buscan vacunarse contra el virus de la narcopolítica. Ha habido aspirantes que en la mayoría de los casos responden a intereses espurios que estarían muy cerca de producir un narcoCongreso, aunque no solo al parlamento quisieran ir: también pretenderían colarse en los municipios y alcaldías. Entonces sería muy tarde: la política se habría convertido en un basurero.
Los filtros preventivos pueden surgir de las entrañas de la ciudadanía: los mismos ciudadanos podrán denunciar a tal o cual candidato. En ese sentido, el PRM ha habilitado un buzón electrónico para permitir que un ciudadano, sea con su nombre o de forma anónima, aporte pruebas que señalen o comprometan a ciertos precandidatos. Esas denuncias le serán tramitadas a los aspirantes aludidos para que puedan defenderse y aclarar su situación ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Si pasan la prueba, podrán postularse.
El partido oficialista estableció, además, que los pretendientes municipales y a distritos municipales deberán presentar una declaración jurada de bienes cuando se inscriban. La precampaña arrancó oficialmente ayer domingo, con una avalancha de miles de aspirantes.
El PRM decidió también que los aspirantes sean enfrentados o cruzados con los registros y bases de datos de los organismo de seguridad y de las agencias antinarcóticas, para ver si tienen antecedentes.
No es todo. Los precandidatos tendrán que pagar una cuota de inscripción, que varía según el cargo al que aspiran. Se pedirá el historial crediticio de cada uno, y deberán depositar su papel de no antecedentes penales, que tenga no más de 30 días de vigencia. Así mismo, se realizarán pruebas de alcohol y drogas (el famoso dopaje), visitas a sus residencias, test de integridad y se comprobará la veracidad de las informaciones aportadas.
Con todos esos filtros, el PRM se propone garantizar que sus candidatos, una vez sean inscritos, estén debidamente depurados y cumplan con todos los requisitos legales, de acuerdos a las leyes electorales vigentes. Para esto, todos los aspirantes tendrán que autorizar el cedazo de sus pretensiones y firmar un compromiso de transparencia.
El cedazo de la oposición
El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen controles menos estrictos, al menos en términos financieros. Lo primero es que los aspirantes no tienen que pagar cuota para preinscribirse, lo que hace más tentador y dinámico el proceso. Ambas formaciones aplicarán pruebas antidoping, pedirán certificado de no antecedentes penales, e impondrán otros filtros más comunes.
Después de superar los filtros internos, los aspirantes ya depurados tendrán que someterse a la voluntad de sus partidos, para poder ser escogidos como candidatos. Los métodos de selección son tan variados que incluyen encuestas, asamblea de dirigentes, o primarias directas. Solo tras estos avatares podrán optar por un cargo electivo. Una vez se conviertan en candidatos, los aspirantes ya tienen un pie en la alcaldía, el distrito municipal o el Congreso. Sin embargo, el otro pie lo pone el soberano con sus votos de febrero y de mayo.
Son 2,749 vacantes municipales y congresionales que están en juego, y la competencia es feroz. Hay más de 12 mil aspirantes a esos cargos. La lucha se torna encarnizada.
