Santo Domingo.- Tras las autoridades dominicanas poner en marcha la Operación Halcón IV, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico, las investigaciones evidencian que integrantes de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales, por lo que procederán a someterlos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten.
La operación contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central movilizó 71 fiscales, incluyendo de la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central de la operación y 1,350 fuerzas especiales policías, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados del país.
Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.
También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha), Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a)Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a)Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito, entre otros.
Los allanamientos iniciaron a partir de las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
Por igual, se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.
El Ministerio Público y los organismos de investigación ha ocupado evidencia de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas.
Por esa razón, y por las evidencias que vinculan a sus miembros a acciones de narcotráfico, cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles, soborno a autoridades, todas las estructuras, sin excepción, están bajo una investigación multiagencial del Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD.
La procuradora general, Miriam Germán Brito; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, establecieron la necesidad del trabajo multiagencial con las investigaciones focalizadas a estas estructuras criminales.
Asimismo, dijeron que, bajo ninguna circunstancia se dejarán de tomar las medidas necesarias para seguir con las investigaciones. Además, de que se harán todos los procesamientos, sin que las autoridades se dejen amedrentar por amenazas de nadie.
